DENUNCIA ANTE DERECHOS HUMANOS

Quito, junio 2 de 2010.

El viernes 4 de junio de 2010, en rueda de prensa, se entregó el siguiente documento a las organizaciones de Derechos Humanos, denunciando la persecución política y la criminalización de la lucha social, en la Universidad Central del Ecuador, por parte del Rector Samaniego y el gobierno de Correa.

Dr. Pablo A. de la Vega M.

COORDINADOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN DERECHOS HUMANOS “SEGUNDO MONTES MOZO S.J.” (CSMM)

 Presente.

De nuestra consideración:

Las organizaciones sociales y políticas abajo firmantes nos dirigimos a usted, comedidamente, en su condición de Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos de Amnesty International (Londres, Reino Unido), de la International Detention Coalition, IDC (Carlton, Australia) y de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD, Capítulo Ecuador), para presentarle la siguiente denuncia y petición.

DENUNCIA.-

 Antecedentes.

 1. El 21 de 2009 se eligen nuevas autoridades en la Universidad Central del Ecuador, triunfa la lista encabezada por el Dr. Edgar Samaniego Rojas que se convierte en el nuevo Rector de tan prestigioso Centro Académico de Educación Superior.

2. Ya en su condición de Rector, uno de los elementos que insistentemente  proclama Samaniego, en el ámbito político, es el de que se propone despartidizar la Universidad, eliminando cualquier vestigio de la administración anterior, a la que acusó de pertenecer al Movimiento Popular Democrático y ser apoyada, a nivel estudiantil, por el Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria. FRIU; en el ámbito académico, imponer la semestralización, los institutos; y, una serie de elementos regresivos y antiestudiantiles como el cobro de tasas, aranceles y matrículas que, sin lugar a dudas, elitizarían aún más la educación superior; y, en el ámbito administrativo el establecimiento de una gestión concentradora, autoritaria y antidemocrática.

3. Desde el inicio contó, para su gestión, con el apoyo incondicional del Presidente de la República Rafael Correa y de la Embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica que recorrió los predios universitarios, por invitación de Samaniego, a pocas semanas de su posesión.

4. El Presidente de la República está profundamente interesado en la aprobación de una ley Orgánica de Educación Superior que viole la constitución y conculque conquistas históricas de la Universidad Ecuatoriana como la autonomía, la gratuidad, el Cogobierno, el libre ingreso, etc. atentando a lo que debe ser una educación superior de calidad. El Rector de la Universidad Central, por su parte, tiene un marcado interés en que se apruebe vertiginosamente el nuevo Estatuto de la Universidad Central que, entre otras barbaridades, pretende concentrar en sus manos poderes ilimitados, eliminar laboratorios naturales que dependían de las facultades, para ponerlos bajo su mando, etc.

5. Presidente y Rector, encontraron que en el impulso de esta política autoritaria, represiva y antiuniversitaria tenían plena identidad y necesitaban apoyarse mutuamente.

LOS HECHOS.

 1. En todo el país las universidades, con muy pocas excepciones, encabezadas por las máximas autoridades de sus diferentes estamentos y gremios,  protagonizaron explicaciones, debates, movilizaciones locales, marchas nacionales, etc. cuestionando el Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior presentada por la Senplades, proponiendo un proyecto alternativo y demandando que la Asamblea Nacional apruebe una ley que garantice una educación superior de calidad, fiscal, laica, gratuita, que privilegie la investigación científica, la formación integral de los futuros profesionales, para que sirvan a un desarrollo del país íntimamente ligado a los intereses populares.

2. En este proceso de lucha se destacaron como líderes indiscutibles, honestos y capaces, muchos docentes, empleados, trabajadores y estudiantes. El compañero Marcelo Rivera es, sin lugar a dudas, uno de ellos, valorado y respetado no solo entre sus compañeros estudiantes, sino en toda la comunidad universitaria.

3. Esta actitud digna de la Universidad ecuatoriana tiene como respuesta la actitud violenta del Presidente de la República que no ha ahorrado calificativos ofensivos contra ella y sus miembros. Innumerables cadenas nacionales de radio y televisión han servido para este propósito y, obviamente, Marcelo Rivera ha sido blanco predilecto de los ataques e injurias calumniosas de Correa.

4. Una de esas excepciones que no ha hecho honor a la posición unitaria y digna de la universidad ecuatoriana es, precisamente, la del Rector Samaniego en la Universidad Central del Ecuador.

5. Desde el momento de su posesión dio curso a una gestión antidemocrática y neoliberal, caracterizada por la mentira, el atropello a las conquistas universitarias, la corrupción, el autoritarismo y la represión, el odio y la persecución política, llegando al extremo de criminalizar a los luchadores populares.

6. El afirmar que la Universidad Central logró su acreditación, trabajada tesoneramente en varios años, en los pocos meses de su gestión, es una mentira burdamente blandida; los 17 puestos burocráticos creados a un costo de 500.000 USD para pagar favores políticos a militantes socialistas, avezados y añejos, como Víctor Granda, Manuel Salgado, Napoleón Saltos, es un ejemplo modernísimo de “despartidización” y corrupción; las elecciones anuladas en todos los sitios donde no ganan las listas del Rector Samaniego  (Agronomía, Universidad Popular, etc.) son una clara muestra de antidemocracia; los 150 universitarios: estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades sumariados, suspendidos por un año (Franklin Hermosa, Primer Secretario del FRIU, Jafet Leytón y Germán Espinoza, estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas), Expulsados (Deysi Terán Presidenta FEUE Quito), destituidos (Dra. Ximena Baño, docente de la Facultad de Filosofía con funciones en la Institución Educativa Manuel María Sánchez y Ex Directora del MPD en Pichincha; Msc. Carmen Ponce, Docente de la Facultad de Filosofía, Rectora del Colegio Odilo Aguilar; PhD. Enrique Terán, científico e investigador, Profesor de Ciencias Médicas); y, Marcelo Rivera, Presidente de la FEUE Nacional, encarcelado por seis meses, violando todas las normas constitucionales, legales y del debido proceso, por el delito de pertenecer al MPD, al FRIU, a la FEUE o, simplemente, por no compartir su línea neoliberal, constituyen un indiscutible testimonio de odio y persecución política, una prueba plena de la criminalización de la lucha social y de los luchadores populares.

LOS ACONTECIMIENTOS DEL 8 DE DICIEMBRE

1. En estas circunstancias, Samaniego dejando de lado la consulta democrática y buscando aplicar la dictadura del voto,  convocó al H Consejo Universitario, para aprobar el Estatuto que despojaba a la Facultad de Filosofía de sus laboratorios pedagógicos, las Instituciones Educativas anexas Odilo Aguilar y Manuel María Sánchez para ponerlas a órdenes del Rector; razón por la cual, las autoridades, los docentes, estudiantes y padres de familia solicitaron audiencia a dicho organismo y organizaron una movilización colorida y pacífica, colocándose alrededor de 2000 personas en los espacios verdes frente al rectorado.

2. El rector de la Universidad, previamente enterado de esta situación, propició un acto de provocación liderado por Fernando Morales, estudiante de Derecho, el Dr. José Rivera, profesor de Medicina y Livinof Gonzales, miembros de la organización política “Nueva Universidad” que movilizaron a estudiantes de dicha facultad y de Odontología, los mismos que, apostados en los corredores del Rectorado, ubicados en el segundo piso, en actitud beligerante y provocadora ofendieron de palabra y obra a quienes se encontraban abajo, lanzando objetos de diverso tipo (botellas, chicles) , insultándolos, escupiéndolos, agrediéndolos. Junto a ellos,  se encontraban estratégicamente apostados la guardia universitaria y decenas de policías vestidos de civil.    

3. La indignación y repudio de los universitarios frente a la agresión de los miembros de “Nueva Universidad”, a su prepotencia y a la pretensión de imponer su estatuto antidemocrático y dictatorial, así como la orden dada por Samaniego para que, violando la autonomía universitaria, ingresen más de 100 policías que empezaron a perseguir, agredir a niños, jóvenes, maestros y padres de familia, devino en los incidentes que todos conocemos pero cuya responsabilidad, en el origen de los mismos, corresponde única y exclusivamente a Edgar Samaniego y su guardia represiva.

4. Consumada la provocación Samaniego salió ileso, por una ventana, como atestiguaron todos los videos de los medios de comunicación. Su herida apareció en la planta baja, a decenas de metros de distancia de Marcelo Rivera que se encontraba en el segundo piso. Por tanto, acusarlo de “intento de asesinato” o de ser el “responsable de la agresión a Samaniego” como afirmó un descontrolado Presidente Correa en su cadena sabatina desde Machachi, no pasa de ser una maliciosa calumnia que lo único que busca es reforzar a su pupilo en la Universidad y darle sustento a la insólita acusación de “terrorismo organizado” (Art. 160 CP) formulada primero, para luego reemplazarla por la de “agresión terrorista a funcionario público” (Art. 164 CP). Tan “grave” fue la herida de Samaniego que tuvo ánimo para dar una rueda de prensa, ese mismo momento, desde una ambulancia de la policía que también estaba lista y estratégicamente apostada para el efecto.

5. El linchamiento mediático organizado por Samaniego en complicidad con ciertos medios de comunicación, a propósito de estos incidentes, tenía y tiene varios propósitos: a) deslegitimar y desprestigiar a organizaciones y dirigentes honestos y valientes de la FEUE y el FRIU, descalificar la militancia política de algunos de ellos en el Movimiento Popular Democrático MPD, para justificar la detención de Marcelo Rivera, quien este 8 de junio cumplirá 6 meses como preso político, el primero en este gobierno, criminalizar su lucha y alejarlo de la conducción estudiantil, en un momento clave, en que aun no ha terminado de discutirse la Ley Orgánica de Educación Superior. b) Profundizar un proceso de persecución y represión a las fuerzas democráticas y de izquierda dentro de la universidad, para minar su influencia, asaltar la dirección de los organismos estudiantiles, hacerlos dóciles y funcionales al rector y al gobierno,  impedir su lucha e imponer los cambios regresivos y neoliberales. La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación es hoy el blanco predilecto de la persecución.

6. Las medidas represivas adoptadas ilegalmente en las reuniones del Consejo Universitario del 11 y 22 de diciembre de 2009 y 26 de enero de 2010, al nombrar una comisión especial para reorganizar los colegios Odilo Aguilar y Manuel María Sánchez y consultar la posibilidad de enviarlos al Ministerio de Educación, cuando el Estatuto Universitario establece que este tipo de medidas deben aplicarse previo informe de una Comisión Permanente del Consejo Universitario; las decisiones de iniciar, sustanciar y resolver los sumarios con autoridades que no son competentes, fuera del término legal, alterando sus identidades, muestra fehacientemente que Edgar Samaniego ha pisoteado las normas constitucionales y legales, para cumplir su propósito de perseguir y dar curso a su odio político.

7. Denunciar que estas medidas represivas tomadas por Edgar Samaniego y la mayoría del H Consejo Universitario han violentado derechos humanos consagrados en normas constitucionales fundamentales, tales como:

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia.”

 Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

 a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

 ESTATUTO UNIVERSITARIO

 Las medidas adoptadas contra los estudiantes y docentes se hacen pisoteando el Art. 169 del Estatuto Universitario que se refiere a quienes son las autoridades competentes para imponer sanciones y a los Art. 170 y siguientes que determinan el debido proceso. Los expedientes con los que se sanciona a los dirigentes estudiantiles, están fuera de la ley por cuanto la causa prescribió y los tiempos determinados en el Estatuto para establecer una sanción no se cumplen, esto genera ilegalidad a las decisiones del Consejo Universitario.

La expulsión del compañero Marcelo Rivera, presidente de la FEUE nacional, viola los Derechos Humanos, el artículo 76 de la Constitución Política del Estado, los Art. 169 y siguientes del Estatuto Universitario que garantizan el debido proceso, el derecho a la defensa y determinan las autoridades competentes para sancionar a los estudiantes.

 En el caso de los docentes, el H Consejo Universitario debe ser advertido de la ilegalidad de los procesos, de su indiscutible nulidad y de las consecuencias legales que acarrearía a sus miembros si, por ignorancia de la ley, tomaran una decisión en base a él, cuando además no están facultados para hacerlo, por dos razones:

a. Porque según el Art. 169 numeral 2 “quienes tienen competencia para imponer sanciones a los profesores, en primera instancia son los Consejos Directivos; en segunda, la Comisión Académica Permanente; y, en última, el Honorable Consejo Universitario”. Por lo tanto los expedientes de Ximena Baño y Carmen Ponce debieron ser remitidos al Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, EN CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO. La Comisión de Reorganización de los colegios no tenía, ni tiene ninguna facultad para resolver sobre los expedientes administrativos, es más está expresamente prohibida por la Constitución. y

b. Porque en ambos casos ya prescribieron las acciones según el Art. 171 del mismo Estatuto que dice: “Conclusión del expediente. Todo expediente se concluye en veinte días laborables, y la resolución se expide en los diez días laborables siguientes. Ambos términos son improrrogables.” Esto significa que la investigación y resolución debió hacerse  y tomarse en 30 días laborables improrrogables.

PETICIÓN.-

 Por estas consideraciones, al comparecer ante usted, en nuestra condición de dirigentes sociales y políticos solicitamos comedidamente:

1. Que las organizaciones de Derechos Humanos a las que usted acertadamente representa y, particularmente, Amnistía Internacional establezcan una veeduría nacional e internacional a todos estos procesos y, especialmente, al proceso penal que se adelanta en contra del compañero Marcelo Rivera, Presidente de la FEUE Nacional, cuidando con celo especial que se respete el debido proceso, tan venido a menos y violentado en la justicia ecuatoriana, y,

2.  Que, igualmente, estas organizaciones de derechos humanos, por todos los elementos anotados, contribuyan a la denuncia nacional e internacional del PRIMER CASO DE PRESO POLÍTICO, PRESO DE CONCIENCIA , existente en nuestro país, en la persona del compañero Marcelo Rivera, Presidente de la FEUE Nacional; más aún, cuando el delito de terrorismo no se encuentra tipificado en la legislación internacional, ni siquiera el Estatuto de Roma que es el instrumento de la Corte Penal Internacional, tipifica el mismo, dentro de los once casos que determina como delitos de lesa humanidad. Está claro que en el Ecuador se pretende asimilar, artificialmente, a esta figura la lucha de los trabajadores y los pueblos por sus derechos, con el protervo fin de perseguirla y anularla, contraviniendo la propia Constitución de la República que garantiza el derecho a la resistencia, así como a la oposición al régimen constituido y los innumerables tratados internacionales, en el mismo sentido, que consagran, incluso, el derecho a la rebelión de los pueblos.

Atentamente

Ciro Guzmán Aldaz                                          Natasha Rojas

MPD PICHINCHA                                             CUBE NACIONAL

 

Elvis Moreira                                                     Diego Morales

FRENTE POPULAR PICHINCHA                  OCLAE

 

Paúl Velásquez                                                 David Carvajal

FEUE NACIONAL                                            FESE NACIONAL

 

Enver Orna E                                                     Carlos Castellanos

JUVENTUD REVOLUCIONARIA               CUCOMITAE

DEL ECUADOR

 

Franklin Hermosa G.                                      Jorge Piedra

FRIU QUITO                                                       UNE PICHINCHA

SIGUEN MÁS FIRMAS…

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