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“Saldré orgulloso, jamás me arrodillé ante el gobierno”

Por: Guido Proaño A. | EcuadorLibreRed

Entrevista a Marcelo Rivera

Marcelo Rivera

Marcelo Rivera fue sentenciado a un año más de prisión, por el juicio interpuesto por la Fiscalía en el caso de supuesta agresión al ex diputado Oswaldo Flores; de esa forma deberá cumplir cuatro años en prisión. Meses atrás, y a pesar de cumplir con todos los requisitos, se le negó el derecho a obtener su libertad una vez cumplida el cincuenta por ciento de su sanción.

¿Cómo asumes la decisión judicial de imponerte un año más de prisión en el juicio seguido por la Fiscalía en el caso de supuesta agresión al ex diputado Oswaldo Flores?

Era un resultado que esperaba conociendo lo que ahora ocurre con los órganos de justicia. En el juicio quedó demostrado que no existían las pruebas testimoniales y documentales; Oswaldo Flores envió una carta al tribunal indicando que desistía de su acción; la persona que puso la demanda, que suponemos es funcionaria del gobierno, no asistió a la audiencia de juzgamiento; y, los dos o tres testigos convocados por la Fiscalía señalaron que nunca observaron a Marcelo Rivera realizando algún tipo de acto de lesiones hacia el ex diputado Flores. Con todo ello, si el Tribunal actuaba apegado a derecho, debió absolverme. El día de la audiencia no dictaminó sentencia; en ese momento sabíamos que actuaban así porque debían consultar a quienes manejan la justicia qué debían hacer.

¿Eso significa que es una resolución de carácter político y no judicial?

Efectivamente, se trata de una resolución de carácter eminentemente político. El gobierno necesita demostrar que tiene el control en la justicia, que ninguna organización social es capaz de enfrentarlo porque corre el riesgo de llevar la misma suerte de Marcelo Rivera. El presidente Correa continúa en una campaña de amedrentamiento a los sectores sociales, populares, a periodistas, etc.

Esta nueva sanción coincide con la decisión del presidente Rafael Correa de “perdonar” a los directivos del diario El Universo y a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. ¿Qué opinas al respecto? 

Esa decisión se debe a un cálculo político y, seguramente, a algunos acuerdos de trastienda que deben estar produciéndose entre los grupos de poder que manejan los grandes medios de comunicación y los grupos de poder que están en el gobierno. Se debe tener presente que el conflicto Gobierno-El Universo, en el fondo, se trata de un enfrentamiento inter burgués, es decir, entre sectores de la misma oligarquía que disputan el control de la prensa y el control del poder en el país.

El cálculo político tiene en cuenta la necesidad de demostrar que ellos maneja la justicia, que nadie puede meterse con el gobierno o será sancionado. Además, como estamos en un período pre electoral, este tema de la persecución a los periodistas y a los medios de comunicación le causaba muchas dificultades.

Entiendo en tu respuesta que este “perdón” implicaría que el gobierno se siente afectado políticamente  y se vio obligado a actuar de esa manera. 

Sí, es una demostración de debilidad política. Incidió para ello, por ejemplo, la presión ejercida por los organismos internacionales de derechos humanos; a nivel internacional se levantaron muchas voces de rechazo a la conducta dictatorial del presidente Correa; muchos organismos a nivel nacional y el pueblo en general rechazaron esta actitud intolerante y de persecución. Como el gobierno actúa en base a las encuestas se vio afectado y, en su debilidad, obligado a dar un paso atrás, dándole una figura de perdón con la que quieren demostrar  una supuesta magnanimidad y generosidad.

Retomando el tema de tu sanción, ¿Qué tipo de medidas jurídicas tiene prevista tu defensa frente a este último fallo? 

He conversado con mis compañeros abogados y me han informado que con esta sentencia se alarga mi prisión un año más; eso significa que estaré pagando cuatro años de una injusta sanción. Eso no me preocupa porque ya estaba consciente que el gobierno iba a hacer todo lo posible para mantenerme encerrado el mayor tiempo posible.

No me sorprende esta situación: la enfrento con la frente en alto, con dignidad; no me amilano.

Existen algunos recursos que podemos presentarlos, como el de pre libertad para recuperarla antes de los cuatro años, o el de libertad controlada para poder salir una vez cumplidas las tres quintas partes de la pena establecida. Como el gobierno controla todo el sistema penitenciario y de reducción de penas, tengo la seguridad que negarán esos recursos, pero los vamos a presentar porque debemos seguir peleando.

Si me toca cumplir los cuatro años en prisión saldré orgulloso de que jamás retrocedí, jamás me arrodillé frente a la presión y persecución de un gobierno traidor que defraudó las expectativas del pueblo.

“Estoy en una trinchera en la que me mantengo y me mantendré firme”

Entrevista a Marcelo Rivera

Por: Guido Proaño A. | EcuadorLibreRed 

Marcelo Rivera con su abogado defensor

Marcelo Rivera, ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador FEUE, cumple una sentencia de tres años por “agresión terrorista”. De su inicial sitio de reclusión, en Quito, por orden del gobierno fue trasladado a una cárcel en la amazonía; ahora se ha instaurado un nuevo proceso judicial para mantenerlo en prisión.


Son dos años que permaneces en prisión y a pesar de que existe una ley que te otorga el derecho a obtener la libertad una vez que has cumplido más del 50% de tu pena eso no se ha cumplido en tu caso. ¿Cómo miras el comportamiento de los jueces en este aspecto?

En general durante todo este proceso injusto, ilegal y de criminalización de la lucha social en el Ecuador he sido testigo, y a la vez víctima, de cómo la seguridad jurídica está prácticamente eliminada. No existe el respeto al debido proceso y el cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales está totalmente pisoteado. El gobierno hace y deshace con la Constitución, con las leyes, con los códigos, con los reglamentos; aquellos que en el pasado pugnaban el respeto al derecho público y a las leyes prácticamente hacen todo lo contrario. No se respeta por parte del gobierno del presidente Correa ningún tipo de disposición; todo se hace de acuerdo a los intereses politiqueros de quienes hoy están gobernando al país.

Durante estos dos años y dos meses yo he alcanzado un porcentaje de 98 sobre 100 para acogerme a los diferentes recursos para recuperar mi libertad. Presenté la carpeta para acceder al cincuenta por ciento de la rebaja de penas, pero ocurre que el Ministerio de Justicia, por orden y disposición del presidente Correa y de los dirigentes de Alianza País, me niega el cincuenta por ciento. Eso que el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos, su director y los departamentos respectivos recomendaron que se me reduzca cerca del cincuenta por ciento de la pena. Es decir, yo debí haber salido hace varios meses, hace siete u ocho meses.

Hoy, nuevamente, a punto de presentar un proceso de pre-libertad estoy seguro que me van a volver a negar este recurso al que tienen derecho todos los privados de libertad en el país. Pero en este caso como se trata de un perseguido político, como se trata de Marcelo Rivera militante del MPD, ex presidente de la FEUE, no me acojo prácticamente a ningún beneficio; todos los beneficios están prácticamente negados en el caso de Marcelo Rivera por tratarse de una persecución política.

Y ahora que existe una nueva Corte ¿tienes confianza en que el proceso judicial tenga un nuevo rumbo?

De ninguna manera. No se puede tener confianza. Está prácticamente demostrado que la nueva Corte es la Corte del presidente Correa. Allí están ubicados los jueces que él y Alianza País previamente los designaron.

Muchos de ellos están allí gracias a su actitud servil al gobierno de Correa, otros están cobrando los favores que en el pasado hicieron al presidente Correa en su gobierno. Es el caso, por ejemplo, de la Dra. Gladis Terán, que recibió ese puesto en pago a su actitud dócil y servil al presidente Correa. Todos los fallos en los que ha estado involucrada y que han tenido que ver con el gobierno los ha resuelto a favor de las orientaciones de éste.

Lo mismo ocurre con la madre del Ministro del Interior, José Serrano, y así otros allegados, familiares, amigos cercanos del gobierno de AP. Prácticamente tenemos una Corte Nacional sometida a los intereses del gobierno nacional. Eso lo sabe el pueblo en general, lo sabemos todos, así que no hay cómo tener confianza en una Corte maniatada y manipulada desde Carondetet.

Ahora existe un nuevo proceso judicial en tu contra, sin embargo el afectado no ha persistido en su demanda. ¿Puedes explicarnos qué es lo que ocurre?

Como estaba a punto de recuperar mi libertad, el gobierno nacional muy temeroso de que un luchador social, de que un joven revolucionario recupere su libertad y se incorpore a la lucha social ha buscado la forma de mantenerme más tiempo en prisión. Por eso ha reactivado un proceso que se inició hace casi cinco años, en marzo de 2007, en un momento en que las organizaciones sociales y populares realizamos movilizaciones para provocar la convocatoria a la Asamblea Constituyente en Montecristi.

En ese tiempo el presidente Correa nos llamó héroes, patriotas, luchadores sociales, felicitó la acción y la movilización de los universitarios; pero como Correa abandonó los postulados iniciales, traicionó las expectativas del pueblo y pisoteó la Constitución de Montecristi, entonces, los que luchamos por ella ahora somos tirapiedras, vándalos, ahora debemos ser perseguidos y sancionados.

Se ha reabierto un proceso bajo el cargo de lesiones por una movilización que se realizó el 8 de marzo de 2007. Sin embargo, la persona que estuvo involucrada en esa manifestación, el ex diputado Oswaldo Flores, no ha presentado la denuncia, ha desistido de mantenerse en el proceso judicial, porque sabe que ese proceso busca nuevamente sentenciar a Marcelo Rivera, porque no quiere dejarse utilizar por los organismos judiciales del gobierno.

El presidente Correa buscó una persona muy allegada a Alianza PAIS que ha presentado una denuncia particular, vemos cómo por todos los lados, mecanismos y medios tratan de continuar persiguiendo, amilanando al ex presidente de la FEUE.

Ténganlo por seguro que nada de esas cosas me van a derrotar, de ninguna manera me van a amilanar. Continúo firme en la lucha con la frente en alto como debe ser.

En estos días se están produciendo algunos procesos judiciales que han desembocado, como en el caso de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita en sanciones de carácter pecuniario. ¿Qué opinas al respecto de este tipo de procesos?

En el Ecuador se ha instaurado la persecución política como política de Estado. Hoy, toda persona sea líder social, periodista o gente común que se exprese de manera contraria al gobierno es perseguida, judicializada, sancionada. En el país se ha inaugurado la época de la persecución política, propia de gobiernos autoritarios.

Eso ocurre con los periodistas que escribieron el libro El Gran Hermano, es una muestra de la intolerancia del gobierno, de la persecución al pensamiento ajeno y, por supuesto, un intento por socavar los principios de libertad de expresión. Es un intento por atemorizar a los periodistas de tal forma que se instaure en el país una época de silencio sepulcral, para que nadie diga nada por temor a ser enjuiciado o encarcelado.

Todo nos pueden quitar menos la dignidad, la libertad a pensar diferente. Tenemos derecho a luchar por la dignidad. La peor y más detestable cárcel es el miedo, debemos dejar atrás el miedo y asumir posiciones revolucionarias para continuar luchando por un país diferente.

Al cabo de 26 meses de prisión,¿ te ha cambiado en algo la cárcel?

No soy el mismo que cuando me encarcelaron el 8 de diciembre de 2009. Este proceso ha sido muy duro pero me ha forjado, ha templado mucho más mi carácter y sobre todo me ha afirmado en los principios revolucionarios.

El encarcelamiento ha conseguido afirmarme en la necesidad de continuar luchando por la revolución y el socialismo. No me ha amilanado, me ha dado más fuerza, valor y dignidad para continuar luchando por un futuro socialista.

Estoy aprovechando el tiempo para estudiar, reflexionar y a afirmar los principios ideológicos y políticos, para crecer como persona y como revolucionario. Estoy en una trinchera en la que me mantengo y me mantendré firme.

DENUNCIA PRESENTADA POR MARCELO RIVERA ANTE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Quito, 14 de noviembre de 2011 

DR. PABLO A. DE LA VEGA M.

COORDINADOR REGIONAL DE LA PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO (PIDHDD).

 

Licenciado MARCELO FAUSTO RIVERA TORO, ex Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), persona privada de libertad (PPL) en el CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SUCUMBÍOS, comparezco ante usted para presentarle la siguiente denuncia que, a la vez, solicito se la haga extensiva a los organismos de Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional.

 

DENUNCIA

 

ANTECEDENTES.-

1. El 2 de junio de 2010, diversas organizaciones sociales y políticas del país pusieron en su conocimiento un proceso de persecución política que se adelantaba en la Universidad Central del Ecuador, por parte de las principales autoridades, encabezadas por su Rector Doctor Edgar Samaniego Rojas, en contra de innumerables dirigentes estudiantiles y docentes que defendimos derechos irrenunciables de la Universidad Ecuatoriana, como la gratuidad de la Educación Superior, la Autonomía, el Cogobierno, la designación democrática de autoridades universitarias, tomando como pretexto los acontecimientos ocurridos el 8 de diciembre de 2008.

2. Este proceso de persecución contó con el aval e impulso del Presidente de la República, que en más de una ocasión solicitó públicamente que se tomen acciones contra Marcelo Rivera, en represalia por la labor que, en mi condición de líder estudiantil desplegaba a nivel nacional junto con los estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades  universitarias democráticas, reclamando una Ley de Educación Superior que, en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, garantice una educación fiscal, laica, gratuita y de calidad.

3. El 8 de diciembre de 2008, en el marco de una comisión general solicitada por las máximas autoridades de los colegios anexos a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que querían legítimamente seguir perteneciendo a ella, elementos al servicio de las autoridades universitarias, públicamente evidenciados en videos y grabaciones, generan incidentes en el que resulta golpeado el Rector de la Universidad Central, sin que yo tenga responsabilidad ni participación alguna en dicho acto, como lo reconociera el propio Doctor Edgar Samaniego, en el desarrollo del proceso judicial.

4. Este hecho sirvió de pretexto para que se inicie un proceso de persecución política y criminalización de la protesta social, hoy en auge, que desembocó en expulsiones de dirigentes estudiantiles, destituciones de docentes, todas ilegales; y, en mi caso, en el enjuiciamiento penal, acusándome primero de haber cometido el delito de terrorismo organizado y luego sentenciándome con jueces presionados desde el Poder, a tres años de prisión correccional y pago de $ 298.000,00 Dólares de los Estados Unidos de América, aplicándome el tipo penal de agresión terrorista contemplado en el inconstitucional Art. 164 del Código Penal, heredado de las dictaduras militares derechistas de los años 60 del siglo pasado y no eliminado aún, en abierta violación a la actual Constitución y a Convenios Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Ecuador, como el Estatuto de Roma.

FUNDAMENTOS DE HECHO.-

1. Esta injusta, inconstitucional e ilegal sentencia la he cumplido primero en la Cárcel 2 de la Ciudad de Quito, lugar de mi domicilio civil y luego en la cárcel de máxima seguridad en la Ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a 8 horas de Quito y 30 minutos de la frontera con Colombia, en la Amazonía ecuatoriana, a donde fui trasladado el 11 de marzo de 2011, extrañándome de mi familia, abogados, compañeros, amigos y demás personas, con las cuales tenía una relación considerada normal dentro de las condiciones de mi detención.

2. Este traslado sorpresivo ordenado por el gobierno, pese a mi buen comportamiento certificado por las autoridades carcelarias, constituyó un nuevo y brutal acto de odio y venganza política, una violación a mis derechos humanos, una sanción injustificada impuesta sin escucharme previamente y que jamás me fue notificada, violando abiertamente el principio 30.1, 30.2 y otros de la Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se refiere a los PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN, de la cual nuestro país es suscriptor.

Es obvio que con esta resolución se ha violentado también el Principio de Trato Humano y de respeto a la Dignidad Humana y los principios, reglas, medios y métodos de interpretación de normas de derechos Humanos relativos a condiciones carcelarias y a los derechos de las personas privadas de libertad, preceptuados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

3. De conformidad con lo prescrito en: Art. 203.3 de la Constitución de la República que sobre la Rehabilitación Social dice: “Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones”; lo resuelto por la Asamblea Constituyente que aprobó con fecha 22 de julio del 2008, la “Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Código Penal” para la Transformación del Sistema de Rehabilitación Social en el que se establece un mecanismo de rebajas de pena por méritos; lo determinado en el Art. 35 del Reglamento a dicho Código expedido por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, publicado en el RO. No. 434 del 26 de septiembre de 2008; y, la Resolución dictada el 04 de julio de 2010 por el mismo Consejo; SOLICITÉ constitucional, legal y reglamentariamente, se me conceda el derecho a la libertad aplicando el criterio de “Rebajas de Pena por el Sistema de Méritos”.

4. El Doctor Abdón Villagrán Lara, Director del Centro de Rehabilitación de Sucumbíos (E), mediante Oficio No 316-D-CRS Sucumbíos-2011 de fecha 26 de agosto de 2011, presenta al PRESIDENTE DEL TERCER TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA el caso correspondiente a la Persona Privada de la Libertad PPL RIVERA TORO FAUSTO MARCELO, de nacionalidad ecuatoriana con C.I. 171507355-5, y “remite la carpeta con la documentación para la obtención de las rebajas de pena por el sistema de méritos… con la respectiva motivación basada en las normas y principios jurídicos” y “con el explicativo de la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho… una vez que Marcelo Rivera ha permanecido privado de su libertad un año 8 meses y 15 días, (seiscientos quince días)..”

5. En el mismo oficio el Doctor Abdón Villagrán anota que Marcelo Rivera “Con las respectivas evaluaciones y estudios de los diferentes Departamentos de esta institución se encuentra apto

para acogerse al beneficio de la rebaja de penas de hasta el 50% correspondiéndole de acuerdo a la evaluación de los procesos el 47% mediante el sistema de méritos” y concluye “Con estos antecedentes, conforme las normas legales invocadas y con fundamento en el Art. 201 de la Constitución… de la República, se sugiere… se conceda las rebajas de pena emitidas por la Comisión Técnica Única para la concesión de rebajas en base a méritos, se digne remitirnos la respectiva boleta de libertad de la PPL RIVERA TORO FAUSTO MARCELO del Centro de Rehabilitación de Sucumbíos”. (El subrayado es mío).

6. El miércoles 14 de septiembre de 2011 la COMISIÓN TÉCNICA PARA REDUCCIÓN DE PENAS POR SISTEMA DE MÉRITOS presenta un informe, sobre mi caso, según sus miembros “debidamente motivado” en el que respondiendo al oficio del Doctor Abdón Villarreal Lara, Director del Centro de Rehabilitación de Sucumbíos, concluyen: “SEGUNDO.- Luego de una revisión minuciosa del expediente se advierte que uno de los requisitos que se observan para que se pueda acoger al beneficio de Rebajas de Pena por el Sistema de Méritos, es que el delito no se encuentre inmerso en lo que prescribe el Art. 32 del Código de Ejecución de Penas, (plagio, asesinato, delitos sexuales, de trata de personas o por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión) y que de la lectura exhaustiva de la sentencia… se desprende que la infracción por la cual se sentenció a: RIVERA TORO FAUSTO MARCELO en audiencia pública oral de juzgamiento es por el delito de “agresión terrorista” en el grado de “autor del delito, es decir, la conducta analizada se ha adecuado al tipo penal descrito en el Art. 164, en concordancia con el Art 42 del Código Penal, por lo que incursiona en la prohibición del Art. 32 establecido en el Código de ejecución de Penas, vigente.” Por lo que… la Comisión Técnica de Rebajas de Pena por el Sistema de Méritos… RESUELVE NO ACEPTAR dicha petición…”

7. El 19 de septiembre de 2011, mediante Oficio No. 396-D-CRS Sucumbíos-2011 el Doctor Abdón Villarreal Lara reducido ahora a la condición de COORDINADOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SUCUMBÍOS, comunica al PRESIDENTE DEL TERCER TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA que la COMISIÓN TÉCNICA ÚNICA DE REBAJAS DE PENA POR EL SISTEMA DE MÉRITOS, mediante memorando MJDH-CTRPM-0913-11 refiriéndose al caso de la PPL RIVERA TORO FAUSTO MARCELO, ha resuelto: “NO ACEPTAR DICHA PETICIÓN, por encontrarse la conducta analizada y adecuada al tipo penal descrito en el Art. 164 en concordancia con el Art. 42 del Código de ejecución de Penas vigente y al encontrase incurso en la prohibición del Art. 32 del Código de ejecución de Penas, no pudiendo acogerse al beneficio de Rebajas de Pena y recomienda tomar muy en cuenta a posteriori este particular”. (El subrayado es mío).

8. El 20 de septiembre de 2011 el TRIBUNAL TERCERO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA corre traslado a las partes procesales y notifica “con el contenido del informe de la Comisión Técnica y con el oficio del señor Coordinador del Centro de Rehabilitación de Sucumbíos”

9. El 21 de septiembre de 2011 mi defensa presenta un escrito rebatiendo en derecho los argumentos formulados por la Comisión técnica e insistiendo en que se me otorgue las rebajas de pena por el sistema de méritos y consecuentemente mi libertad.

10. El 28 de septiembre de 2011 el TRIBUNAL TERCERO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA en su auto resolutorio se pronuncia en los siguientes términos: “…al resultarle imposible a este Tribunal conceder rebaja alguna de la pena impuesta al Sr. Fausto Marcelo Rivera Toro, se le niega el pedido de libertad y de concesión de rebajas, hasta que la Comisión Técnica para Reducción de Penas por sistema de Méritos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rectifique su resolución del 14 de septiembre de 2011 en que ha decidido no aceptar la sugerencia del Director del Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos por cuanto el delito por el que ha sido sentenciado el señor Rivera, es de los inmersos en las prohibiciones del Art. 32 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social,..” (Las negrillas y el subrayado son míos).

11. En el mismo auto resolutorio el TRIBUNAL TERCERO DE GARANTÍAS PENALES se refiere a la Comisión Técnica, que emitió el informe, haciéndole la siguiente advertencia: “..no sin antes hacerle notar a la Comisión, que si bien son un ente creado por un reglamento y dependen administrativamente del Consejo de Rehabilitación Social, no es menos cierto que como servidores públicos están en la obligación de cumplir con los mandatos judiciales, y mucho más cuando de ellos dependen la garantía de derechos y son emanados por un juez, recordándoles que son responsables administrativa y penalmente de sus actos, no solo ante el Consejo de Rehabilitación Social, sino ante la sociedad. (Las negrillas y el subrayado son míos).

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

1. El  TRIBUNAL TERCERO DE GARANTÍAS PENALES me niega el pedido de libertad y de concesión de rebajas, hasta que la Comisión Técnica para Reducción de Penas por sistema de Méritos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rectifique su resolución de 14 de septiembre de 2011 en que ha decidido no aceptar la sugerencia del Director del Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos por cuanto, la Comisión sostiene que el delito por el que he sido sentenciado está, supuestamente, inmerso en las prohibiciones del Art. 32 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social,..”

2. La Comisión Técnica para Reducción de Penas por sistema de Méritos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contrariando el informe favorable del Doctor Abdón Villarreal Lara, DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SUCUMBÍOS (E), “motiva” su informe negativo para concederme la Rebaja de Pena y consecuentemente la libertad a que tengo derecho en los siguientes términos: “SEGUNDO.- Luego de una revisión minuciosa del expediente se advierte que uno de los requisitos que se observan para que se pueda acoger al beneficio de Rebajas de Pena por el Sistema de Méritos, es que el delito no se encuentre inmerso en lo que prescribe el Art. 32 del Código de Ejecución de Penas, (Plagio, asesinato, delitos sexuales, de trata de personas o por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión) y que de la lectura exhaustiva de la sentencia emitida por el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.., se desprende que la agresión por la cual se sentenció a RIVERA TORO FAUSTO MARCELO en audiencia pública oral de juzgamiento por el delito de agresión terrorista,..es decir, la conducta analizada se ha adecuado al tipo penal DESCRITO EN Art. 164, en concordancia con el Art 42 del Código Penal, por lo que incursiona en la prohibición del Art. 32 establecido en el Código de ejecución de Penas, vigente. (Éstas últimas negrillas y el subrayado son míos).

3. Sorprende y es insólita la “motivación” formulada por los miembros de la Comisión Técnica que demuestran en el numeral 2 de su informe, que ni de lejos han hecho una revisión minuciosa del expediente enviado por el Doctor Abdón Villarreal, como sostienen y, peor aún, no han leído con detenimiento y precisión lo prescrito en el Art. 32 del Código de Ejecución de Penas, o lo que sería peor, que habría una deliberada mutilación de su texto, con el clarísimo propósito de perjudicar mi derecho a la Libertad, lo cual justifica plenamente la advertencia realizada por los miembros del TRIBUNAL TERCERO DE GARANTÍAS PENALES.

4. El texto pertinente y completo del Art. 32 del Código de Ejecución de Penas dice:

“Artículo 32.- Criterios para la concesión de rebajas.- La reducción de penas operará sobre un sistema de méritos que permita evaluar la buena conducta y la colaboración activa del interno en su rehabilitación, que se demostrará por la participación en procesos culturales, educativos, laborales, de tratamientos de adicciones u otros. La reducción de penas podrá concederse hasta por un máximo del 50% de la pena impuesta al detenido y no procederá cuando los internos hayan sido sentenciados por plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas, o por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión, determinados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. (Las negrillas y el subrayado son nuestros).

5. El informe de la Comisión Técnica omite, no lo sé si deliberadamente, a continuación de la expresión de agresión, que lo remarca con negrillas, la frase: “determinados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” que consta nítida y expresamente en el texto del Art. 32, del Código de Ejecución de Penas y luego confunde en un solo tipo penal esta frase mutilada, con la agresión terrorista tipificada en el Art. 164 del Código Penal.

6. El legislador al señalar, categóricamente en el Art. 32 del Código de Ejecución de penas que no procederá las Rebajas de Pena por el Sistema de Méritos, cuando los internos hayan sido sentenciados por los crímenes que enumera en su primera parte y luego afirmar “..o por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión, determinados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. está disponiendo que para su correcta aplicación nos remitamos al Estatuto de la Corte Penal Internacional y no al 164 del Código Penal y peor a una malhadada y forzada mezcla de éste con un mutilado extracto del Estatuto de la Corte Penal Internacional CPI. (Las negrillas y el subrayado son míos).

7. El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional como desarrollo del Derecho Internacional y su Doctrina Penal surgen, como expresa el PREÁMBULO de dicho Estatuto, porque “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”; porque  “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales… poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes... Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que “los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

8. Al tipificar los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma en el Art. 5.1 señala:

“La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:

a) El crimen de genocidio;

b) Los crímenes de lesa humanidad;

c) Los crímenes de guerra;

d) El crimen de agresión.”

Y añade en el 5.2:

La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.”

9. Queda claro que a lo que se refiere el Art. 32 del Código de Ejecución de Penas, cuando señala que uno de los requisitos para que no proceda la Rebaja por Sistema de Méritos, es que no se encuentre inmerso en el delito de agresión contemplado en el Art. 5.1 y 5.2 del Estatuto de Roma. Tomando en cuenta primero que este Estatuto requiere que se incorpore la definición de Crimen y las condiciones; más aún, cuando estos crímenes son internacionales y los cometen, esencialmente, como sujeto activo, los Estados, a través de sus aparatos de seguridad y funcionarios.

El Art. 32 se refiere entonces a los delitos internacionales sobre los cuales tiene jurisdicción la Corte Penal con carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

En el supuesto no consentido, de que MARCELO RIVERA TORO, hubiese cometido el delito de agresión terrorista por el cual se me sentenció de conformidad con el tipo penal establecido en el Art. 164 del Código Penal, éste nada tiene que ver con el de agresión, contemplado pero no tipificado aún, en el Estatuto de Roma. ¿Qué crimen internacional he cometido y como parte del aparato estatal ecuatoriano?

Respecto del terrorismo debo anotar que este ni siquiera se encuentra mencionado, peor tipificado, en el Estatuto de Roma.

10. Por esta razón, la “omisión” en el informe de la Comisión Técnica, de la frase “determinados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, tipificada en el Art. 32 del Código de Ejecución de Penas, a continuación de la expresión referida a los delitos de agresión, indiscutiblemente induce a engaño a los jueces, por acción u omisión, cuestión que debe ser tomada muy en cuenta por el Tribunal de Garantías Penales, los organismos internacionales y de Derechos Humanos porque en base a esta omisión se me ha negado la Rebaja de Penas por Sistema de Méritos, pese a haber CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS y existir un INFORME FAVORABLE DEL DIRECTOR (E) DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SUCUMBÍOS, afectando gravemente mi derecho humano y constitucional a la LIBERTAD.

PETICIÓN.

Doctor Pablo de la Vega M., COORDINADOR REGIONAL DE LA PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO (PIDHDD), recurro a Usted con esta denuncia, con el convencimiento de que la misma será acogida y tramitada en el ámbito nacional e internacional de los organismos de Derechos Humanos, así como también, para que Usted, su Organización Humanitaria y otras, demanden del Estado Ecuatoriano y su aparato de justicia, respuesta a mi derecho de libertad que lo reclamo con dignidad, pero que me lo niegan con acciones injustificables jurídica, ética y moralmente.

                 Lic. Marcelo Rivera Toro                                            Ab. Ciro Guzmán Aldaz

          EX-PRESIDENTE FEUE NACIONAL                              MAT. FA. 17-2010-705

ESTA VEZ NO


Los pueblos del Ecuador, en la Consulta Popular el 7 de mayo le decimos a Correa: ESTA VEZ NO PRESIDENTE

Nefasto precedente

Por: Guido Proaño A. | Opción

La Dra. Gladys Terán ha asegurado que su nombre quede escrito en la historiografía jurídica ecuatoriana. Mérito logrado con bastante esfuerzo por pocos profesionales del derecho, pero en este caso alcanzado con desfachatez. Su fallo en contra de Marcelo Rivera –el primero de esa naturaleza en la vida del país- no solo puso cerrojo a la prisión en la que él permanece desde hace casi un año, también abrió otras puertas para que nuevos dirigentes populares y activistas sociales copen las cárceles bajo la acusación de acción terrorista, sabotaje o desestabilización. La criminalización de la protesta se ha oficializado y, para estar a tono con la “revolución ciudadana”, ya es de todos.

Hasta hace poco tiempo en Ecuador no se hablaba de esto. Escuchábamos denuncias de procesos penales seguidos en contra de dirigentes sindicales o populares en Argentina, Colombia, México o Chile y nos solidarizábamos con sus víctimas, pero de pronto aquí también empezamos a ver que desde las esferas gubernamentales se daba un tratamiento distinto a la protesta popular y brotaba un nuevo lenguaje en su contra. Los paros, los cortes de carretera empezaron a ser calificados de sabotaje y a sus líderes se los motejó de ineptos, incapaces, terroristas. ¡Cuidado, se está criminalizando la protesta y la acción de las organizaciones populares! –advertían algunos líderes sociales y dirigentes políticos de izquierda. Y no exageraron.

La criminalización de la protesta se produce cuando el Estado otorga preeminencia al Código Penal sobre el resto de leyes para juzgar, tipificar y sancionar el comportamiento de las organizaciones sociales y sus líderes. De esa manera un reclamo o una acción de protesta, hasta ahora considerados como derechos, se convierten en acciones punibles, es decir, en delitos.

En la práctica niega los derechos de expresión y organización, ahoga la voz de quienes más necesitan ser escuchados y vuelca la actividad sindical, estudiantil, política, social en general en desestabilizadora del régimen. En donde hay un reclamo salarial, una exigencia por el respeto al medio ambiente, un llamado de atención para que la educación llegue a todos, una movilización en oposición a la privatización del agua o a la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales extranjeras o una crítica a la conducta del Presidente el Estado ve un delito o un intento de delinquir, a sus protagonistas como delincuentes y a las organizaciones que les amparan como asociaciones ilícitas.

Los propósitos de una política de esta naturaleza son claros: hostigar, perseguir y reprimir a quienes ejercitan una actividad política en distintos frentes del quehacer social-popular y, de esa forma, inhibir la lucha de las masas. Como política de Estado, para su ejecución actúan en unidad de acción gobernantes, funcionarios de alta responsabilidad, jueces, aparatos represivos, medios de comunicación, políticos de derecha, etc. siendo por lo tanto una forma de gobernar y de ninguna manera un comportamiento circunstancial.

Por supuesto que no todos son víctimas de esta violencia institucional, se la aplica sobre aquellos sectores a los que el gobierno no ha podido cooptarlos para su política, o para frenar los conflictos sociales que las medidas clientelares no pueden evitarlos.

Y a pesar de señalar que la criminalización pone bajo la óptica de la ley penal el comportamiento del movimiento popular, no toda acción encaminada a lograr los objetivos de esta política de Estado se mueve por los caminos de la legalidad, pues su ejercicio incorpora –en determinados momentos y circunstancias- la acción de aparatos “paraestatales” (paramilitares), como ocurre en Colombia o en Centroamérica.

Criminalización de la protesta y linchamiento mediático

La criminalización de la protesta social no podría aplicarse a plenitud si previamente no se trabajara en lo que se conoce como “linchamiento mediático”. Este último crea las condiciones psicológicas en la población para que acepte una política represiva aplicada en contra de otros, a quienes previamente se los muestra como violentistas, peligrosos, enemigos de la sociedad y el país, saboteadores o terroristas. La lista de calificativos puede ser extensa.

Al linchamiento mediático se lo conoce también como la satanización de una persona u organización, en cuyo proceso los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Sin dar derecho a la defensa, envilecen a quien se ha convertido en objetivo político lanzando en su contra todo tipo de juicios de valor negativos; lo juzgan y sancionan ante la sociedad sin otorgarle el derecho a la defensa. Así, todo lo que el Estado haga en su contra es poco, e inclusive faltaría fuerza en la ley para reprimirlo.

Antes de que los Estados Unidos lancen sus misiles en contra de Irak y luego sus tropas pisen el territorio de ese país, ¿quién dudaba de que Saddam Hussein era poseedor de armas de destrucción masiva y que, por su culpa, el mundo tenía los días contados? Antes de que el ejército yanqui invadiera Afganistán ¿quién ponía en tela de juicio que en sus montañas se escondía Osama Bin Laden? Tras varios años de invasión militar, los yanquis retornan a su país sin siquiera una prenda de vestir del “terrorista más peligroso del mundo” y sin un tubo de ensayo que demuestre que en Irak se fabricaban armas químicas. Sin embargo Hussein ya fue colgado, miles de iraquíes y afganos inocentes asesinados, quedan millones de dólares en pérdidas materiales… pero, por supuesto, las ganancias de las petroleras gringas son enormes. En estos casos el éxito político del imperialismo fue rotundo: lograron engañar a todo el mundo para posesionarse en esos puntos estratégicos, la maquinaria mediática funcionó a la perfección.

En nuestro país el linchamiento mediático a la izquierda revolucionaria es una realidad. Sin prueba alguna, y en base a la repetición de ideas y frases pre elaboradas, los grupos de poder han logrado que un importante sector de nuestro pueblo esté convencido que aquella no tiene propuestas sólidas, e inclusive que ni siquiera tiene propuestas; han podido persuadir de que además es responsable del pésimo sistema de salud, de la crisis educativa o de que los sindicatos son los causantes del atraso del país y de que el movimiento indígena quiere apropiarse del agua. De esa manera el Estado tiene ganados espacios en el combate al movimiento popular; golpearlos le resulta más sencillo, pues la represión tiene más campo de acción cuando existen ciertos niveles de consenso social.

Marcelo Rivera es el caso típico de la persona víctima del linchamiento mediático y de la criminalización de su actividad de dirigente estudiantil universitario. Los medios de comunicación privados y públicos y el mismo Presidente de la República trabajaron durante mucho tiempo para desfigurar la personalidad del presidente de la FEUE presentándolo como un joven violento, con pésimo rendimiento académico, itinerante en varias facultades de la universidad, peligroso para la sociedad, representante de una organización antidemocrática, etc. Cuando fue apresado el 8 de diciembre de 2009 el rector de la Universidad Central lo acusó de acción terrorista y ya sabemos el curso y los resultados de ese proceso infame.

En el caso de Marcelo Rivera cada institución y cada uno de los personajes cumplieron un papel: Correa al calumniarlo en varias ocasiones y pedir su detención un mes antes de los sucesos del 8 de diciembre; la Policía que introdujo provocadores en la protesta de los universitarios en aquella fecha; el rector y otros miembros de Consejo Universitario (entre ellos un abogado de filiación “socialista”) que presentaron el juicio en los términos antes señalados; los medios de comunicación que sancionaron la acción de Marcelo mucho antes de que cualquier autoridad legal se pronuncie; la jueza del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que sentenció a Marcelo como responsable de acción terrorista a pesar de no existir prueba alguna de su culpabilidad. Es muy claro: la institucionalidad coaligada en el propósito de criminalizar la protesta popular y dejar un nefasto precedente.

LOS UNIVERSITARIOS, NO LE TENEMOS MIEDO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Galo Mindiola, desde algún lugar de la ciudad de Guayaquil, 15 de noviembre del 2010

Hoy, a 88 años de la masacre del 15 de noviembre de 1922, cuando el pueblo se levantó contra el gobierno tirano de José Luis Tamayo, desde la clandestinidad y ante las declaraciones vertidas por el Presidente de la República en su última cadena sabatina que, como de costumbre, se caracterizaron por ser un conjunto de insultos y mentiras para desprestigiar la imagen de las organizaciones sociales y populares, los estudiantes universitarios de la Estatal de Guayaquil, organizados en la FEUE respondemos lo siguiente:

Las elecciones de la FEUE filial Guayaquil, llevadas a cabo el 19 de julio, se desarrollaron con la más absoluta normalidad, legitimidad y transparencia; fue un proceso democrático que dejó como resultado la contundente victoria de la lista A, Unidad Estudiantil por la U de Guayaquil, la cual obtuvo 23 mil votos por encima de los 18 mil votos obtenidos por la lista B, promovida por el Gobierno, diferencia de más de 5 mil votos con los que se derrotó las pretensiones del régimen de tener una FEUE dirigida por  partidarios serviles al ejecutivo y sumisa a sus protervos intereses.

El Presidente de la República y su séquito de incondicionales en nuestra Alma Mater, han hecho evidente su pobreza y miseria humana al querer utilizar el lamentable fallecimiento de Edwin Pérez como un recurso político para que se convoque ilegalmente a nuevas elecciones con el claro objetivo de favorecer a la lista perdedora, constituyéndose  esto en  una nueva agresión a la FEUE y una más de las violaciones a la autonomía universitaria, pretendiendo burlar  la voluntad mayoritaria de los estudiantes universitarios expresado en la urnas.

 

Expreso a nombre de la FEUE, Directiva Nacional, nuestra solidaridad con el Rector y el Consejo Universitario de la Universidad Estatal de Guayaquil, mismos que fueron calificados por el Presidente de la República como “cómplices silenciosos” de la muerte de Edwin Pérez, en su afán de desprestigiar al máximo organismo del gobierno universitario y su cabeza dirigente, para así justificar la imposición de la Ley de Educación Superior impuesta por Correa al sistema universitario.

Rechazo las temerarias e infundadas declaraciones del representante de Rafael Correa en la Provincia del Guayas, el Gobernador Roberto Cuero, quien pretendió utilizar la muerte de Edwin Pérez para continuar con la cacería de brujas en contra del movimiento estudiantil universitario, declaraciones que han sido debidamente desmentidas incluso por los propios coidearios de Pérez y en base a las cuales procederemos a demandarlo por el delito de injuria calumniosa grave.

Los Universitarios de la Estatal de Guayaquil ya le hemos demostrado al Presidente de la República y al gobierno de la represión ciudadana, que no le tememos, porque sabemos que Correa no es invencible; prueba de ello están: la Victoria de la Unidad Estudiantil en las elecciones de FEUE, las jornadas de resistencia universitaria, la huelga de hambre por la libertad de Marcelo Rivera. Por ello, la persecución política de la que estamos siendo victimas no nos atemoriza, más bien nos alienta a seguir luchando, porque sabemos que estamos en el camino correcto y más temprano que tarde  la verdad y la justicia se impondrán, encargándose de colocar a los insultadores, traidores y oportunistas en el sitio en que se merecen, en el fondo del tacho del basurero de la historia.

 

Atte.

 

Galo Mindiola German

PRESIDENTE  (E) FEUE NACIONAL

ASAMBLEISTAS DEL BLOQUE PLURINACIONAL MPD-PK VISITAN A MARCELO RIVERA

Jorge Escala visita a Marcelo Rivera

Jorge Escala visita a Marcelo Rivera en la Cárcel 2

Este jueves 28 de octubre de 2010, a las 10h00, en representación de la Bancada Progresista, Democrática de Izquierda, Intercultural y Plurinacional de Derechos, los asambleístas de PK-MPD, Lourdes Tiban y su esposo Raúl Ilaquiche, Magali Orellana (Jefa de Bloque PK), Gerónimo Yantalema, Francisco Ulloa, Ramiro Terán y Jorge Escala visitaron en la cárcel No. 2, al Presidente de la FEUE Marcelo Rivera que lleva cerca de 11 meses en prisión y fue culpado injustamente por agresión terrorista el pasado 25 de octubre, demostrando la presión política del gobierno y la sumisión de la Jueza Gladys Terán.
En un estrecho espacio, en condiciones de hacinamiento en la que vive no solo Marcelo sino sus compañeros de cárcel, los asambleístas de la Bancada PK-MPD, manifestaron que posiblemente iban a encontrar a un joven afectado, pero se encontraron a un ser humano lleno de vigor y valentía, que a pesar de su débil condición física debido a la huelga de hambre, evidencia una gran convicción política e ideológica que anima a la lucha.
Marcelo Rivera, dirigente de la FEUE señaló que pretenden apresar y perseguir a los movimientos sociales, a las organizaciones populares, pidió no desmayar en la unidad de las fuerzas más importante de la izquierda como Pachakutik y el MPD, en el propósito de desenmascarar al gobierno de Rafael Correa que con un discurso de izquierda reprime y encarcela a nuestro pueblo, y a quien se atreve a decir la VERDAD como es el caso del Director del Hospital de la Policía Nacional y, el “delito” del Policía de la Escolta Legislativa de ser hermano de Lourdes Tiban, ahora encarcelados. La justicia ahora demuestra la celeridad y “eficacia”, saltándose el debido proceso con tal de obedecer las órdenes del primer mandatario.
Los asambleístas supieron manifestar que Marcelo Rivera no está solo, que los movimientos sociales lo respaldan, y que èl es un ejemplo de lucha para los jóvenes de nuestro paìs. “Es el momento de juntarnos y sumar fuerzas para no permitir que este gobierno prepotente nos quiera acallar”.
Contrariamente a lo que el gobierno busca, las organizaciones de izquierda ecuatoriana, Pachakutik y MPD, con el ejemplo de rebeldía, lucha y amor por una sociedad más justa, avanzamos, nos desarrollamos en medio de la represión, de la persecución de los dirigentes populares como Delfin Tenesaca, Marlon Santi, Mery Zamora, Lourdes Tiban,Willian Pazmiño, Pául Jácome, etc.

CONTINUA HUELGA DE HAMBRE POR LIBERTAD DE MARCELO RIVERA

“Justicia” al servicio del gobierno condena a Marcelo Rivera‏

Al finalizar la audiencia de juzgamiento llevada adelante en el Tercer Tribunal de Garantías Penales en contra del compañero Marcelo Rivera, la jueza Gladys Terán dictó la culpabilidad en el cargo de agresión terrorista planteado por el rector de la Universidad Central, Edgar Samaniego. Este fallo es una clara evidencia del sometimiento de la justicia a la voluntad política del gobierno, confirmando que este fue un caso de índole política y no judicial. La jueza aún no ha establecido la sentencia.

En el transcurso de la audiencia, iniciada el día viernes 22 de octubre, las declaraciones del rector de la Universidad Central, Edgar Samaniego, así como la de su séquito, demostraron fehacientemente que Marcelo no tuvo ninguna responsabilidad ni participación en los cargos imputados. Samaniego reconoció que Marcelo nunca lo agredió, que nunca lo vio instigar a alguien para que lo agreda y, más aún, ni siquiera lo vio presente en la sala de Consejo Universitario el día 8 de diciembre de 2009. En el mismo sentido se pronunciaron otros testigos de la parte acusadora, e inclusive algunos de ellos reconocieron que cuando los estudiantes ingresaron a ese local Marcelo les pidió abandonar el mismo, garantizándoles su seguridad.

Estas declaraciones no hacen más que corroborar las imágenes que tanto el gobierno como los medios burgueses de prensa presentaron respecto de los acontecimientos producidos en la Universidad Central el día 8 de diciembre de 2009. En ellas se observa que Samaniego fue golpeado por una persona no identificada, cerca del parqueadero de la universidad, es decir lejos de la sala de sesiones de Consejo Universitario en la que los estudiantes protestaban contra el intento de aprobar un estatuto ilegal y antidemocrático.

Las pruebas contundentes presentadas por la defensa e inclusive la propia declaración de Samaniego y otras autoridades de la UCE de nada valieron y la jueza Terán condenó a Marcelo, cumpliendo así las órdenes recibidas desde altas esferas gubernamentales. Ese ha sido el comportamiento de todos los jueces en el transcurso de este juicio.

Durante todo este proceso Marcelo Rivera ha dado demostraciones de su valentía y firmeza, los 10 meses que ha permanecido en prisión no han mellado su convicción revolucionaria y desde ella ha continuado llamando a la juventud estudiantil a persistir en la lucha por la democratización de la universidad y por los intereses populares. Desde el 17 de octubre pasado inició una huelga de hambre que fue emulada en varias provincias por estudiantes, profesores y trabajadores. Sin duda Marcelo es un ejemplo de honor y compromiso revolucionarios en el que se deben educar los jóvenes y todos quienes asumimos la responsabilidad de luchar por la revolución en nuestro país.

Persecución se extiende a la familia

Como parte de la persecución política en contra de Marcelo, el día 25 de octubre el rector Edgar Samaniego despidió del trabajo a la madre de Marcelo, Norma Toro, que cumplía las funciones de conserje en la Facultad de Filosofía. Una nueva demostración del odio político con el que actúan Samaniego y el grupo de “socialistas” enquistados en la administración de la universidad.

Marcelo Rivera desde la Cárcel Nº 2 del Ex Penal García Moreno