PROTESTAS. Los jóvenes se sirven de las calles para evidenciar su inconformidad con el Gobierno.

Representantes estudiantiles, autoridades y alumnos rechazaron ayer el artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (Loeib).

En ese artículo se establecen sanciones para alumnos que cometan fraude o deshonestidad académica, alteren la paz, la convivencia armónica, cometan actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales.

También determina castigos para quienes deterioren o destruyan en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y privados.

Paúl Velásquez, secretario de la FEUE, indicó que este artículo es una copia de lo que ya se estableció en la Ley de Educación Superior.

“El Gobierno quiere criminalizar la lucha estudiantil, en donde queda el derecho a la resistencia promulgado en la Constitución. No se puede perseguir a los estudiantes y sancionarlos con medidas drásticas, es lamentable como se pretende callar la voz del pueblo”, señaló.

Política del miedo

La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Mariana Pallasco, indicó que ese artículo lesiona el derecho de los jóvenes a reclamar.

“Se pretende instaurar una política del miedo en los establecimientos educativos esto atenta contra los derechos consagrados en la Constitución”, dijo a la vez cuestionó que las sanciones sean impuestas por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. “Son tres personas nombradas por el Ministerio de Educación para solucionar conflictos y no hemos visto ningún resultado hasta ahora”, agregó.

Derecho a protestar

Gabriel Rosero (17 años) estudiante de sexto curso del colegio Mejía indicó que los jóvenes tienen derecho a expresarse y que están amparados por el Código de la Niñez y la Adolescencia.

“Nuestra voz es la voz del pueblo, muchas veces la gente no sale a las calles por temor a la represión. Nosotros seguiremos alzando nuestra voz, reclamando por las malas decisiones y actitudes del Gobierno”, aseguró.

Jorge Andrade, rector del colegio Mejía indicó que los jóvenes no pueden ser sancionados tan drásticamente por pensar diferente.

“El derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Constitución y en el Código de la Niñez y Adolescencia, no se pueden violar estar normas. Además si se suspende la asistencia a las aulas se estaría atentando contra el derecho a la educación”, expresó.

Conozca

Sanciones establecidas en la Ley

° Amonestación de la autoridad competente.

° Suspensión temporal de su asistencia a la institución.

° Separación definitiva de la institución, lo que conllevará que al estudiante se lo reubique en otra institución educativa.

° La sanción será impuesta por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.